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Plaza Pública/ Digna Ochoa: 90 días y nada
Por MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
GRUPO REFORMA
Al cumplirse tres largos meses del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, el interés público por su homicidio está muerto y enterrado, como ella misma. A eso apuestan los criminales, a que la indignación general por un acontecimiento oprobioso se diluya, corroída por el ácido del tiempo. Apuestan a la desmemoria, al olvido. Y ganan la apuesta. Apuestan asimismo a la impunidad, al desgano o la ineptitud de las autoridades para indagar, identificar, localizar a los culpables y sancionarlos. Y también ganan.
Esa impunidad respecto de los amagos a la abogada veracruzana ultimada el 19 de octubre pasado preparó el camino para asesinarla. Probado que nada ocurría no obstante las amenazas prodigadas a lo largo de años, los asesinos siguieron de frente. Y disfrutan, a pesar de que hoy su delito es mucho mayor, las mismas mieles de la falta de castigo que los impulsó a intimidar.
Las denuncias por aquellos amagos se iniciaron en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Pero ante la reiterada aparición en las declaraciones de Digna Ochoa y otros miembros del Centro Pro de Derechos Humanos, de referencias a la posible intervención de militares y agentes federales, las indagaciones se turnaron a la Procuraduría General de la República, que las archivó desdeñosa, sospechosamente. Lo hizo dos veces, en el antiguo y el nuevo gobierno. Así lo reconoció la propia PGR hace una semana.
El domingo 13 la Visitaduría General de esa Procuraduría federal admitió que el ministerio público de ese fuero "incurrió en omisiones injustificadas" en el tratamiento de aquellos expedientes, y denunció el hecho ante la Fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos por servidores públicos. Se trata de saber por qué dos directores generales de Control de procedimientos penales, cinco agentes del ministerio público y otros tantos agentes de la policía judicial, en dos momentos diferentes, enviaron a la reserva esas investigaciones.
Lo hicieron la primera vez en noviembre del 2000. De "manera precipitada", pues la indagación estaba contenida en dos volúmenes, y "sin justificación alguna", el expediente fue archivado. En marzo siguiente, ya bajo la nueva administración, que buscaba alzar la bandera de los derechos humanos, se solicitó reactivar el expediente. Pero de nuevo de modo apresurado, la indagación fue remitida otra vez a la reserva, ese limbo donde se pudren los casos que no han sido cerrados oficialmente pero de los que nadie se ocupa. El ministerio público, ya bajo las órdenes del general procurador general Rafael Macedo de la Concha tampoco esa vez cumplió "con eficiencia las obligaciones inherentes a su cargo", y permitió que la actuación de la policía judicial federal "también fuese deficiente, y lejos de exigirles que cumplieran con su obligación" reaccionó mecánicamente como si ya nada
hubiera que hacer.
Esa misma reacción resignada tuvo ante ese inesperado e insólito informe de la Visitaduría General de la PGR el procurador capitalino Bernardo Bátiz, cuya mucha buena fe es poca ante la gran incapacidad de su oficina para desenredar la intriga urdida alrededor del asesinato de Digna Ochoa. No captó las implicaciones que en el crimen que indaga tiene el reconocimiento de aquella negligencia federal, que pudo ser causada no simplemente por pereza o ineptitud sino por lo contrario, por un activo interés en desviar la atención de las autoridades sobre el comportamiento de los militares o agentes policiacos aludidos en las denuncias sobre la intimidación que de varios modos sufría Digna Ochoa. Se limitó a suponer que se trata de un
problema interno de la PGR y que allí debe ser resuelto. Hasta sacó a relucir un extraño espíritu de cuerpo que le impedía, dijo, manifestarse respecto de las labores de la Procuraduría federal. Y ni por asomo esbozó alguna relación entre aquella aparente abulia y el desenlace terrible de las amenazas no investigadas.
El Centro Prodh, como corresponde a su condición de ofendido —no debe olvidarse que los asesinos de la abogada veracruzana dejaron el día en que
cometieron su odioso crimen un nuevo recado intimidatorio contra aquel organismo defensor de derechos humanos—, encontró en el informe de la Visitaduría otras implicaciones. Consideró que lo dicho por la PGR en su boletín 028/82 "demuestra el desprecio e indiferencia estructural que el aparato de procuración de justicia en el país tiene por la vida e integridad de las personas y en especial de los defensores de derechos humanos. Y demuestra también que, pese a los intentos de actuación constructiva respecto del (caso de Digna Ochoa), que aún el tratamiento de los hechos es superficial y pretende limitarlo al ámbito de actuación individual de agentes de la PGR, evadiendo la responsabilidad institucional que dicha entidad ejerce respecto de la obligación de protección, garantía y respeto del derecho a la vida y protección judicial que el Estado mexicano tiene a su cargo, lo cual impide aún que los correctivos que se adopten vayan más allá de sanciones administrativas individuales, prevaleciendo la impunidad e intocados los problemas estructurales de la justicia en el país".
La indagación sobre el asesinato se ha concentrado en Guerrero, pues privilegia la pista que relaciona el crimen con los talamontes de aquella entidad, contra los que combate la Organización de campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPCC). Hoy mismo, una comisión del ministerio público del Distrito Federal recorre las comunidades visitadas por Digna Ochoa dos semanas antes de que se la privara de la vida. Busca entrevistarse con campesinos a los que la abogada ofreció no ya el auxilio jurídico que brindó a sus compañeros Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, sino impulso a sus actividades productivas y la denuncia de la deforestación criminal. Estaban citados para anteayer, viernes, cinco miembros de aquella organización, pero sólo acudió uno, por lo que al resto se le busca hoy en su domicilio.
La Procuraduría capitalina puso el caso en manos de un nuevo subprocurador de averiguaciones previas centralizadas, Renato Sales Heredia, un joven funcionario que ya ocupaba la subprocuraduría jurídica y de derechos humanos, y cuyo padre Renato Sales Gasque fue procurador del DF de 1985 a 1988. La comisión concentrada en Guerrero está encabezada por Franz Welghelm Borges, quien ha recabado el testimonio de personas que conocieron a Digna Ochoa, como Felipe Arriaga, líder de la OCESPCC, pero no ha podido hacer que comparezca Bernardino Bautista Valle, un cacique ejidal
beneficiario y promotor de la tala ilegal, y enemigo jurado de los defensores del bosque. Pistoleros suyos mataron el 31 de mayo de 1998 a Aniceto Martínez. El propio Bautista ha sido señalado como homicida de Romualdo Gómez García. Un militar del grupo que lo acompaña asesinó a Elena Barajas el 2 de julio de 1998. Por cierto que el miércoles pasado, cuando la comisión de la Procuraduría de la Ciudad de México llegó a Petatlán, sus miembros fueron abordados por integrantes del 19o. batallón de infantería, que durante treinta minutos revisaron el armamento de los investigadores
capitalinos. Montaban en un vehículo Hummer, artillado, de la misma clase que los vehículos en que se transportaban otros militares que al comienzo de octubre pasado se interesaron vivamente en la visita de Digna Ochoa a aquella comarca. La abogada misma los desalentó de seguirla, dirigiendo a ellos una cámara de video.
El caso sigue bajo la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el 30 de noviembre pasado solicitó protección para compañeros y familiares de Digna Ochoa. Percibió ese tribunal "una situación de urgente y grave peligro para la vida e integridad física de los integrantes del Centro Prodh y de los abogados Pilar Noriega, Bárbara Zamora López y Leonel Rivero Rodríguez". Dijo también que "en relación con Eusebio Ochoa López e Irene Alicia Plácido Evangelista, padres de Digna Ochoa y Plácido y los hermanos de ésta, Carmen, Jesús, Luz María, Eusebio, Guadalupe, Ismael, Elia, Estela, Roberto, Juan Carlos, Ignacio y Agustín se han producido amenazas a sus derechos a la vida y su integridad personal, lo que permite
a la Corte establecer que existe una situación de extrema gravedad y urgencia".
El padre de la víctima, Eusebio Ochoa, sostuvo esta semana una entrevista con el gobernador Miguel Alemán Velasco, y se mantiene en la afirmación de que debe investigarse la posible participación de militares en el crimen. El Congreso local veracruzano emitió un segundo exhorto a la Presidencia de la República y a la PGR, para que no quede impune el asesinato de la abogada nacida en Misantla.
Con motivo de su homicidio y como señal de la preocupación federal por la seguridad de los defensores de derechos humanos, se estableció en Gobernación una mesa de trabajo cuyas sesiones se reiniciaron el martes pasado. Allí se dio cuenta del establecimiento de 30 medidas de protección a diversas personas y organismos, medidas que van desde la custodia con personal policiaco hasta la instalación y entrega de aparatos telefónicos que permitan una comunicación fluida entre los defensores en riesgo.
