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El asesinato de Digna Ochoa: ¿Crimen de Estado?

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  1. Digna Ochoa:90 dias y nada
  2. El asesinato de Digna Ochoa: ¿Crimen de Estado?
  3. Entrevista con Digna Ochoa

    Digna 


    Digna Ochoa
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    El Asesinato de Digna Ochoa (19/10/2001) fue la culminación de más de cinco años de amenazas en contra de esa defensora de los derechos humanos
    y es un hecho que ensombrece la vida Política Nacional.

    El documental Digna producido por Canal 6 de Julio, A.C. recoge la trayectoria de Digna Ochoa, analiza la bitácora del asedio del que fue víctima y la errática respuesta del gobierno federal

     

    Mancha indeleble a la llamada transición a la democracia en México

    EL ASESINATO DE DIGNA OCHOA, ¿CRIMEN DE ESTADO?

    El 19 de octubre de 2001 fue asesinada en su despacho de la colonia Roma, en la ciudad de México, la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. El crimen fue la culminación de cinco años de amenzas y asedio en contra de la abogada nacida en 1964 en Misantla, Veracruz. El 28 de octubre de 1999, Digna Ochoa había sido secuestrada e interrogada durante nueve horas en su propio domicilio; el episodio culminó con un intento de homicidio: la abogada fue inmovilizada por sus secuestradores quienes antes de abandonar el departamento de Ochoa colocaron a su lado un tanque de gas con la válvula abierta.

    Macedo de la ConchaEl hostigamiento que padeció esta defensora de los derechos humanos fue ampliamente denunciado por la propia víctima y por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro del que Digna formó parte durante cerca de diez años. La ejecución de Digna Ochoa ha puesto en evidencia la negligente y sospechosa actuación del anterior Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, quien desestimó las denuncias y mandó archivar el expediente de la investigación sobre las amenazas y agresiones en contra de la abogada. El actual Procurador Gral. Rafael Macedo de la Concha, igualmente restó importancia al caso e incurrió en omisiones. Macedo se había confrontado con Digna Ochoa cuando fue Procurador de la Justicia Militar,en juzgados del estado de Guerrero, en donde Ochoa se encargaba de la defensa de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos ilegalmente y torturados por elementos del Ejército.

    Canal 6 de Julio recogió en entrevista exclusiva con la abogada, realizada a mediados de 1999, revelaciones que hoy aquieren importancia. En su testimonio, Digna Ochoa señala a elementos de la inteligencia militar; a los responsables del Centro de Investigación para la Seguridad Nacional CISEN; a la Policía Judicial Federal y a la Policía Federal Preventiva como los únicos probables responsables del asedio de que entonces era víctima. El testimonio de la abogada apunta también hacia los caciques de la sierra de Petatlán, Guerrero, como probables autores intelectuales de dicho hostigamiento. La defensa que Ochoa hizo de los campesinos Montiel y Cabrera sin duda afectó los intereses de caciques de esa zona a favor de cuyos intereses económicos y políticos operó la represión del movimiento campesino ecologista emprendida por el Ejército con especial severidad desde 1998.

    El gobierno del presidente Vicente Fox fue el úlimo en reaccionar ante la noticia de la muerte de Digna Ochoa, el propio Presidente de la República calificó el homicidio como "uno más de los que suceden en el Distrito Federal". Tres semanas después de la muerte de la abogada Fox concedió la libertad a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, no obstante, el presidente mexicano optó por una fórmula jurídica (la de la libertad por razones humanitarias) que mantienen a ambos campesinos en calidad de culpables de los delitos por los que se les acusa.

    A noventa dias de la ejecución de la abogada la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, encargada de las investigaciones, no ha reportado ningún avance significativo en las mismas. Hasta el momento se desconoce si la Secretaría de la Defensa Nacional ha otrogado las facilidades prometidas por el Presidente de la República para que los elementos de Ejército involucrados en los hechos acudan a declarar ante la justicia civil.



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